Con infinito desprecio por la seguridad de los mexicanos, el gobierno panista que padece actualmente el país ha propuesto una ley que, entre otras cosas, permite a las fuerzas policiacas el allanamiento de la morada de cualquiera que ellos consideren “sospechoso”. Esta característica ha hecho que los que tienen un pensamiento liberal le llamen “la ley Gestapo” en honor al fascismo nazi que edificó esas técnicas para el control social.
El actual gobierno de México sabe que de ninguna manera podrá legitimarse, pero ya no le interesa hacerlo, sino servir a los que lo pusieron ahí, cuyos nombres son muy variados, pero que son la Standard Oil, la Shell, los consorcios que expolian las riquezas mexicanas a cambio de limosnas, en el mejor de los casos.
El pueblo de México ya ha llegado al extremo de la miseria que produce a tantos archimillonarios, por lo que constantemente se muestra en innumerables inconformidades, que cada vez son más violentas, pero cada vez las ven menos como noticia los medios de comunicación masiva, por lo que se hace necesario que el gobierno cuente con poderosos instrumentos represivos para amedrentar al pueblo, antes de que suceda lo que en países, como Bolivia, en que los trabajadores nada tienen que perder, y lo saben, por lo que no les dio miedo apoyar un gobierno de corte socialista, cosa que los mexicanos todavía no han decidido, y así los tiene el sistema amedrentados para que no opten por ir en contra de sus enemigos: los intereses del gran capital y sus empresas “globalizadas”.
Pero, para encubrir esta intención es que, en México, se ha inventado una supuesta lucha contra el narcotráfico, cuando eso es algo que en nuestro país resulta casi nulo y que, en general, el consumo de drogas resulta inocuo si se compara con la miseria y la estupefacción que generan las grandes empresas al empobrecer a tal grado al pueblo de México. Por los medios masivos pasan centenares de escenas en que se ve al ejército armado y dispuesto para la lucha contra el narco, lo que no se ve es la existencia del narco, se ven las casas balaceadas por los hombres de armas, pero cuando sacan escenas de los supuestos “narcos” se ve sólo a gente de escasos recursos. ¿Porqué no se ve a los “artistas” de la TV, al general fulano, al gobernador tal o a este y otro funcionarios, reputados como narcotraficantes, pero que viven en la más completa impunidad?
Pues la razón es muy obvia: en primer lugar, porque hay pocos narcotraficantes en el país, en segundo lugar, porque de lo que se trata es de reprimir al pueblo, no de acabar con la gallina de los huevos de oro, así que fingir que se combate al narco y amedrenta al pueblo forma parte de la campaña de terror erigida por el gobierno de México para reprimir a los inconformes.
Así las cosas, es que se propone la “ley Gestapo”, elaborada para reprimir al pueblo, y justificada en un supuesto combate a los estupefacientes, que siempre será supuesto porque lo deseado por el gobierno y sus patrones es la estupidización del pueblo de México, mediante el terror y mediante la TV. Lo demás es parte de las ficciones nacionales.
sábado, 23 de febrero de 2008
miércoles, 6 de febrero de 2008
EL PAÍS DEL DOBLE LENGUAJE
Con solemnidad, alguno de los politicastros de la “sapientísima” administración municipal del Coatzacoalcos de hoy en día anunció que se devolverían las efigies de Benito Juárez y Venustiano Carranza a sus lugares originales.
Independientemente de los cuestionamientos que puedan hacerse a esta medida, de afán retrógrado, (podría crearse alguna plaza para estos próceres, en vez de retroceder en cuanto a la fluidez del tráfico urbano), y también independientemente del cuestionamiento sobre el lugar que realmente ocupan en la historia esos prohombres, (total: la historia oficial usa sus figuras para “apuntalar” las ficciones del sistema), la medida hace pensar en lo huecos que son todos esos símbolos ante la realidad mexicana actual.
Lo hueco está en que lo que esos personajes emblemáticos y otros símbolos de la patria, similares, han dejado de significar lo que pudieron denotar en algún tiempo. Por ejemplo, la recientemente celebrada Constitución de 1917, ha sido cambiada en los más medulares de sus artículos, al grado que ya no defiende ni representa las conquistas de una revolución que fue fallida desde sus albores, pero que, al menos, cristalizó en ese texto fundamental.
Los artículos más notorios, no sólo no respetan, sino que se han trocado por los valores inversos. El Artículo 11, que garantiza el libre tránsito, constantemente es violado por innumerables retenes de militares y policías, pretextando alguna ignota campaña de “seguridad”, garantía que también es violada por el régimen castrense en que está derivando el país. El Artículo Tercero, que garantiza la educación pública laica, gratuita y obligatoria, se ha torcido, hoy: desde el jardín de niños más sencillo, hasta la secundaria más afamada, las escuelas cobran estipendios a nombre de la “sociedad de padres de familia” y le niegan el acceso a quienes no cubren esos emolumentos; o sea: ninguna escuela pública es gratuita. Ya no nos preguntamos cuál es el destino de esos recursos, ni enfatizamos la actividad de una gran cantidad de maestros que cobran por el examen en cada curso, o los violadores y estupradores. La realidad actual de las escuelas más parece novela del marqués de Sade que la de un “templo del saber”.
Tampoco el derecho a huelga es respetado cabalmente, porque está mediado por una Secretaría del Trabajo que determina si es legal una huelga, pero que está al servicio de las grandes empresas extranjeras, a las que se les evita que los trabajadores entren en huelga. Es recientemente sonada la obliterada huelga de los mineros en Cananea (vieja mina explotada por extranjeros y que fue uno de los detonadores de esa fallida revolución que citamos, y sigue siendo centro de la explotación de los mineros mexicanos); incluso los “prístinos” magistrados de la Suprema Corte, se han corrompido a favor de los enemigos del trabajador, no dejando ya ninguna salida pacífica ante las inconformidades con que se violenta al pueblo y a las leyes.
Eso mismo sucede con el Artículo 27 de la Constitución ahora, que se prepara el último golpe contra de la única empresa que cumple con aquello de que “el subsuelo y sus riquezas son de la nación”. La minería está en las garras de empresas trasnacionales; las aguas de manantiales y ríos son puestas al servicio de empresas extranjeras, también. El petróleo está siendo puesto, de la manera más cínica, en las fauces de estas fieras predadoras provenientes de lejanas tierras. Y, aunque hay voces que insisten en que eso no tiene razón de ser, encuentran el camino cerrado para exponer sus ideas, siendo los medios de comunicación el principal obstáculo para comunicar esa postura, de la que los que ya actúan como dueños del país no desean que se hable.
Esa Constitución es un símbolo hueco, así como todos los próceres que la conformaron, empezando por Carranza. El respeto al derecho de los pueblos para disponer de sus destinos, es también una fórmula hueca, lo que hace vacío ese culto a Benito Juárez, incluso el culto que le rinden los masones, otrora humanistas defensores de la Patria, pero que, en su ignorancia actual se suman al culto a héroes huecos y a símbolos que ya nada significan. Ninguno de ellos osa levantar la voz, ninguno sabe como hacerlo, pero tampoco callan ante la situación actual, sino que se pierden en palabrerías impotentes de politicastro.
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